Las grandes transformaciones ambientales rara vez comienzan con excavadoras, puertos o maquinaria pesada, empiezan mucho antes, comienzan en discursos, campañas y narrativas capaces de redefinir cómo entendemos un territorio y quiénes son las personas que lo defienden. 

Cuando la defensa ambiental comienza a incomodar intereses económicos, no solo cambian los paisajes, también cambia el relato que comienza a erosionar la democracia, la libre expresión y la credibilidad de la defensa del ambiente. 

Hoy, en distintos lugares del mundo, comunidades, pueblos indígenas y personas defensoras enfrentan una combinación cada vez más visible entre campañas de desinformación, criminalización y estrategias de greenwashing destinadas a minimizar daños, desacreditar evidencias y presentar conflictos ambientales como obstáculos para el progreso.

El año 2025 manifestó preocupantes cifras que destaca el informe del Centro de Empresas y Derechos Humanos (Centro EDH) donde Panamá aparece dentro de los 10 países con más ataques a personas defensoras que se manifestaron sobre riesgos y daños relacionados con las empresas.

Hallazgos Clave

En 2025, el Centro de Empresas y Derechos Humanos (Centro EDH) documentó cerca de 800 ataques (790) contra personas defensoras en 80 países, que denunciaron preocupaciones sobre las empresas. Esto implica más de dos ataques en promedio por día y más de lo que hemos registrado en un solo año desde el año 2020. Casi un tercio de los ataques (30%) fueron contra pueblos indígenas, que constituyen solo el 6% de la población mundial.

Los ataques contra personas defensoras que denuncian daños y riesgos relacionados con empresas ocurrieron en prácticamente todos los sectores y regiones del mundo. América Latina y el Caribe concentraron el mayor porcentaje de casos (42%), seguida por Asia y el Pacífico (30%).

Las personas defensoras del clima, la tierra y el medioambiente fueron las más afectadas: tres de cada cuatro ataques (75%) estuvieron dirigidos contra quienes protegían territorios y ecosistemas. En 2025, 53 personas defensoras fueron asesinadas y casi un tercio de ellas eran indígenas.

El mecanismo más frecuente de ataque fue el acoso judicial y la criminalización, incluyendo las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP), que representaron más de la mitad de todos los casos registrados (52%).

Los sectores vinculados con más ataques continuaron siendo la minería, los combustibles fósiles y la agroindustria, industrias asociadas históricamente a procesos de deforestación y conflictos socioambientales. Al mismo tiempo, aumentaron significativamente los ataques contra personas que denunciaban la relación entre empresas armamentistas y conflictos, reflejando cómo las luchas por derechos humanos, territorio y justicia climática están cada vez más conectadas.

El informe destaca el caso del proyecto Puerto Barú
El informe muestra un mapa donde destaca los lugares donde se han registrado el mayor número de ataques. Dentro de estos aparece Panamá con 27 ataques, que representa el país número 10. 

Informe del Centro de Empresas y Derechos Humanos (Centro EDH) 

El proyecto Puerto Barú se nombra como parte del informe con ataques  a las organizaciones ambientalistas Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque Panamá quienes fueron objeto de una demanda con las características de una SLAPP (acciones judiciales abusivas contra la participación pública) por Ocean Pacific Financial Services Corp., el promotor del proyecto del puerto Puerto Barú en Panamá. La denuncia, que alegaba difamación y calumnia y delitos contra la economía nacional, fue interpuesta después de la oposición pública de las organizaciones al proyecto.

El caso surge después de que CIAM y Adopta Bosque, junto con otras organizaciones, presentaran demandas ante el Tribunal Supremo de Panamá en septiembre de 2024 impugnando las evaluaciones de impacto ambiental del proyecto Puerto Barú por presuntas violaciones de la normativa ambiental.

Informe del Centro de Empresas y Derechos Humanos (Centro EDH) 

Las actividades empresariales irresponsables están en el centro de muchas de estas dinámicas. Cuando las empresas no ejercen una debida diligencia sólida en materia de derechos humanos ni adoptan compromisos de tolerancia cero ante ataques contra personas defensoras, aumentan sus riesgos legales, financieros y reputacionales, no cumplen con su responsabilidad de respetar los derechos humanos y pueden estimular entornos represivos.

La instrumentalización de la tecnología frente al espacio cívico

La tecnología se utiliza cada vez más como arma para socavar la democracia, reducir el espacio cívico y silenciar a las personas defensoras. Global Witness, IM Defensoras y otras han documentado el mal uso de herramientas digitales para intimidar, desacreditar y criminalizar a quienes denuncian abusos e injusticias.

Las campañas de difamación en línea se han convertido en una táctica habitual para socavar a activistas y movimientos sociales. En los últimos años, organizaciones y grupos de la sociedad civil han sido atacados públicamente mediante arremetidas coordinadas en plataformas de redes sociales.

Este informe demuestra que cuando las personas defensoras son atacadas, no solo se silencia una voz, también se debilita una alerta temprana y se pierde información esencial para prevenir daños, proteger territorios y anticipar riesgos que afectan a comunidades enteras.

Las personas defensoras denuncian abusos de poder, identifican amenazas antes de que ocurran y muchas veces son las primeras en advertir impactos que luego la evidencia confirma. Su bienestar y seguridad están profundamente ligados a la salud de nuestras democracias, economías y ecosistemas.

Lo preocupante es que hoy las amenazas trascienden los territorios y avanzan a espacios digitales, campañas de desinformación, procesos judiciales y narrativas diseñadas para desacreditar y aislar a quienes alzan la voz.

Defender la naturaleza nunca debió convertirse en una actividad de riesgo, porque cuando una sociedad comienza a castigar a quienes advierten peligros, el problema deja de ser únicamente ambiental y se transforma en una señal sobre el tipo de futuro que estamos construyendo.

Fuentes: Informe Navegando una encrucijada global: personas defensoras de los derechos humanos y empresas en 2025, Centro de Empresas y Derechos Humanos (Centro EDH)