El medio El País pone el foco en lo que está ocurriendo en Panamá y resalta la participación de comunidades, organizaciones y defensores que han alzado la voz frente al proyecto de Puerto Barú. Pero lo que revela el reportaje va más allá de un conflicto ambiental, expone una tensión más profunda ¿qué ocurre cuando defender la naturaleza empieza a tener consecuencias legales, económicas y políticas?
A comienzos de este año, dos organizaciones clave en la defensa ambiental, Adopta Bosque Panamá y Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), recibieron una notificación inesperada de que sus cuentas bancarias y bienes habían sido congelados. No fue una decisión aislada, se dio en medio de un proceso legal impulsado por la empresa promotora del proyecto, Ocean Pacific Financial Services.
Desde 2023, estas organizaciones venían cuestionando la construcción del puerto por sus posibles impactos en un ecosistema crítico los manglares protegidos del Golfo de Chiriquí.
El conflicto no es solo ambiental, es también narrativo, por un lado, organizaciones que advierten sobre riesgos: dragado, alteración de ecosistemas marinos, impactos en manglares y especies que dependen de ellos. Por otro, la empresa desarrolladora, que desinforma en rechazo de estas afirmaciones y sostiene que las acciones legales responden a lo que considera una campaña difamatoria.
Guido Berguido, director de Adopta Bosque, afirma en el El País que la empresa “ha buscado atacar y silenciar a las dos organizaciones que hemos sido más vocales”. En agosto de 2025, les puso querellas criminales por injuria, calumnia y delitos contra la economía. el actuar del promotor del proyecto “Es un clásico ejemplo de lo que llaman SLAPP”, comenta el director, refiriéndose a lo que en inglés se conoce como Strategic Lawsuit Against Public Participation y que alude a un litigio intimidatorio en el que no necesariamente se busca ganar, sino agotar al otro.
Acciones legales que dañan la democracia
Según lo que recoge el reportaje, CIAM y Adopta Bosque viven días complejos: se quedaron sin recursos para cumplir su misión.
Las organizaciones ambientales no bajan los brazos como pueden siguen levantando la voz. Como indica el reportaje, autoridades como el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, dijo a medios de comunicación locales que, a nivel personal, le parecía una medida desafortunada. “No beneficia en nada al diálogo nacional que tiene que haber sobre temas de vital importancia como son nuevos proyectos que van a tener un impacto ambiental”, aseguró.
La Red Regional Escazú Ahora también publicó un comunicado resaltando su preocupación. Panamá es uno de los países que ya ratificó el Acuerdo de Escazú, en el que uno de los ejes es, precisamente, el derecho a la participación ciudadana en la gestión ambiental. “Que suceda esto en Panamá es un mal precedente para la región, para Centroamérica”, señala Carolina Sánchez, vocera de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles. “Además de que estamos en un momento de gran polarización, las organizaciones que defendemos el ambiente hemos tenido un impacto económico gigante durante el último año por las políticas exteriores de otros países. Y esto nos pone en una encrucijada”.
Lo que está pasando en Panamá ya no ocurre en silencio, las voces que defienden los manglares están siendo escuchadas más allá de sus fronteras. Hoy lideran la narrativa de la verdad, de la defensa y sobretodo de la valentía proque a pesar de lo difícil que ha sido sostener esta campaña no se dejan amedrentar por el poder y siguen con argumentos y ciencia que los respalda.
ES