Panamá quiere liderar los Derechos de la Naturaleza ante el mundo pero mientras impulsa su reconocimiento internacional, en su propio territorio continúa la controversia por Puerto Barú, un proyecto portuario que plantea interrogantes sobre el dragado, el abastecimiento de agua y la protección de los Manglares de David.

En 2022, Panamá aprobó la Ley 287, que reconoce el derecho de la naturaleza a existir, persistir, regenerarse y mantener sus ciclos vitales. Cuatro años después, el presidente José Raúl Mulino anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Panamá impulsará una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Un avance significativo para el país como pionero internacional en la defensa de derechos de la naturaleza entonces cómo estamos protegienso estos derechos en Panamá si se podría instalar un puerto que podría poner. en riesgo los Manglares de David.

Puerto Barú mucho más que un puerto

En el Golfo de Chiriquí, el proyecto Puerto Barú contempla infraestructura portuaria y obras de dragado en el entorno de los Manglares de David, un ecosistema fundamental para la biodiversidad, la protección costera y la captura de carbono.

La intervención prevista requiere modificar las condiciones de un estuario poco profundo para permitir la navegación de embarcaciones de mayor tamaño. Estudios independientes han advertido sobre los posibles impactos del dragado y la dispersión de sedimentos en los ecosistemas marinos, incluyendo hábitats utilizados por tortugas, delfines y muchas otras especies.

Un proyecto sin respuestas claras sobre el agua

Panamá enfrenta desafíos relacionados con el abastecimiento de agua, las sequías y el cambio climático. En sectores de Chiriquí, comunidades han denunciado problemas recurrentes de suministro.

Puerto Barú contempla mucho más que instalaciones portuarias: incluye un parque logístico, terminal de tanques, oficinas, talleres, hoteles, restaurantes, un centro de convenciones, una marina y una zona residencial, todas estas actividades requieren agua para funcionar.

La documentación analizada por la campaña No a Puerto Barú plantea interrogantes sobre la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), especialmente respecto del origen, volumen y disponibilidad del recurso hídrico.

¿Cuánta agua consumirá? ¿De dónde provendrá? ¿Cómo podría afectar a las comunidades durante períodos de escasez? Conocer estas respuestas no es un detalle menor, es fundamental para evaluar la viabilidad ambiental de un proyecto de esta magnitud.

Cuando defender los manglares también implica enfrentar tribunales

La controversia de Puerto Barú también ha llegado a la justicia, las organizaciones ambientales Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque, que han cuestionado el proyecto y sus posibles impactos, enfrentan acciones civiles y penales promovidas por la empresa desarrolladora.

Entre las acusaciones figuran calumnia, difamación y delitos contra la economía nacional, los procesos también han incluido medidas cautelares sobre cuentas y bienes de las organizaciones.

Estos casos han sido registrados por el Business & Human Rights Resource Centre en su base de datos sobre SLAPP, demandas que pueden utilizarse para intimidar, desgastar o desalentar la participación pública.

Los Derechos de la Naturaleza también se defienden en casa

Panamá tiene una oportunidad importante de demostrar que su liderazgo ambiental internacional puede traducirse en protección efectiva de sus ecosistemas. Reconocer derechos implica también escuchar a las comunidades, responder a las advertencias científicas, garantizar información ambiental suficiente y proteger la participación ciudadana.

Los Manglares de David representan hoy uno de esos desafíos, porque un país que impulsa los Derechos de la Naturaleza ante Naciones Unidas también debe demostrar cómo los hace efectivos en su territorio. La naturaleza tiene derechos partamos defendiendo Panamá, nuestra casa.

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