No siempre se intenta silenciar a quienes defienden la naturaleza mediante violencia física. A veces, la presión llega en forma de demandas, procesos judiciales, costos legales y medidas cautelares. Son las llamadas SLAPP, Strategic Lawsuits Against Public Participation o demandas estratégicas contra la participación pública, acciones judiciales que pueden presentar características de litigios destinados a intimidar, desgastar o silenciar voces.
Lamentablemente Panamá no está fuera de este mapa, en el contexto de la oposición al proyecto Puerto Barú, las organizaciones ambientales Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque enfrentan procesos civiles y penales iniciados por la empresa promotora del proyecto. El caso fue recientemente destacado por la agencia IPS en un artículo sobre el creciente acoso legal contra defensores ambientales en América Latina.
El problema va mucho más allá de Panamá, entre 2015 y 2024, el Business & Human Rights Resource Centre documentó más de 530 casos de SLAPP iniciados por actores privados contra personas defensoras de derechos humanos que habían planteado preocupaciones relacionadas con actividades empresariales.
La base de datos del organismo continúa actualizándose y actualmente contabiliza 566 casos de SLAPP desde 2015 a nivel global, lo que muestra que el fenómeno no se ha detenido, 191 de esos casos ocurrieron en América Latina, la región con mayor número registrado.
Detrás de esas cifras hay organizaciones, periodistas, comunidades y personas defensoras que deben destinar tiempo, dinero y energía a defenderse judicialmente por haber cuestionado actividades o proyectos que consideran dañinos. Los impactos de una SLAPP comienzan mucho antes de que exista una sentencia y actúan, en muchos casos como una mordaza legal a quienes defienden la vida.
En Panamá, el caso de Puerto Barú pone esta discusión sobre la mesa, CIAM y Adopta Bosque forman parte de las organizaciones que han cuestionado el proyecto y sus posibles impactos sobre los Manglares de David, en el Golfo de Chiriquí. Ambas organizaciones forman parte de la coalición que acudió a la justicia para cuestionar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de Puerto Barú.
Mientras la Corte Suprema de Justicia evalúa una demanda de nulidad contra ese estudio, ambas organizaciones han debido enfrentar acciones judiciales vinculadas a su oposición al proyecto. Según IPS, las querellas incluyen acusaciones por daños y perjuicios, calumnia, difamación y afectación a la economía nacional. En el marco del proceso civil, un tribunal decretó además medidas sobre las cuentas y bienes de las organizaciones. Es importante distinguir que esto no se trata de una sentencia definitiva contra las organizaciones, sino de medidas adoptadas mientras el proceso continúa.
Una demanda no necesita terminar en una condena para generar consecuencias, defenderse implica abogados, recursos económicos, horas de trabajo, exposición pública e incertidumbre. Cuando además existen medidas cautelares sobre cuentas o bienes, la capacidad de una organización para continuar desarrollando su trabajo puede verse afectada.
El propio análisis del Business & Human Rights Resource Centre muestra que el acoso judicial representó más de la mitad de los ataques contra personas defensoras que documentó entre 2015 y 2024. Dentro de esta categoría se incluyen detenciones arbitrarias, citaciones abusivas, procesos penales y SLAPP.
Por eso, el riesgo no afecta solamente a quienes reciben una demanda, también envía un mensaje a otras organizaciones, comunidades o personas donde hablar puede tener un costo. Ese posible efecto disuasorio sobre la participación pública es una de las razones por las que las SLAPP generan preocupación internacional.
En declaraciones a IPS, Carlos Bichet, abogado de CIAM, situó el caso de Puerto Barú dentro de un problema regional de acoso judicial.
“El caso no tiene sustento legal concreto. Es un problema serio, porque no es una demanda aislada, pues ocurre en un contexto mayor de acoso judicial en la región. Manda el mensaje de que no se opongan al proyecto”. Carlos Bichet.
Se trata de la posición expresada por el abogado de CIAM respecto de los procesos que enfrenta la organización. IPS señala además que CIAM prepara una denuncia ante el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, argumentando obstáculos para su cumplimiento.
El acoso judicial ocurre además en una región marcada por formas mucho más extremas de violencia contra quienes protegen territorios y ecosistemas. Según Global Witness, al menos 124 personas defensoras del territorio y el ambiente fueron asesinadas durante 2025.
El 85% de esos asesinatos ocurrió en América Latina, Colombia registró 39 casos, Brasil 26, Honduras 12 y México 10, desde que Global Witness comenzó a documentar estos ataques en 2012, la organización ha registrado 2.375 personas defensoras asesinadas o desaparecidas en el mundo.
Son distintas formas de presión y violencia, y no deben equipararse pero juntas muestran el contexto de riesgo en el que muchas personas y organizaciones ejercen hoy la defensa ambiental. De igual forma cuando las organizaciones ambientales deben preguntarse si podrá seguir funcionando después de cuestionar un proyecto, el problema deja de afectar solamente a esa organización. Afecta la participación pública y nuestra capacidad colectiva de proteger la naturaleza.
Por eso, proteger los ecosistemas también significa proteger a quienes levantan la voz para defenderlos.
Defender a quienes defienden #DefendTheDefenders #DefiendeLosManglares
Fuente
Business & Human Rights Resource Centre
Artículo IPS Acoso legal acecha a ambientalistas latinoamericanos
Informa Global Witness La lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente
ES