La Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó la demanda presentada por seis organizaciones ambientales contra la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Puerto Barú. Sin embargo, esta decisión no significa que el proyecto haya sido declarado ambientalmente seguro ni que estén resueltas las interrogantes sobre sus posibles impactos en los Manglares de David.

El 26 de octubre de 2026, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró no ilegal la Resolución DEIA-IA-0003-2024, mediante la cual el Ministerio de Ambiente aprobó el EIA de Puerto Barú. La decisión mantiene vigente esa aprobación y rechaza los argumentos de ilegalidad examinados en esta demanda. No obstante, el alcance de la sentencia no equivale a una evaluación científica integral de todos los posibles impactos ambientales del proyecto.

En un comunicado publicado el 29 de octubre, las seis organizaciones demandantes manifestaron que respetan la decisión judicial, pero reiteraron su compromiso con la protección de los Manglares de David.

Lo que resolvió la Corte sobre Puerto Barú

La demanda presentada en septiembre de 2024 cuestionaba la legalidad de la aprobación ambiental del proyecto. Entre los argumentos examinados, la Corte consideró que no se había demostrado el traslape entre el proyecto y el área protegida de manglares. También concluyó que el Ministerio de Ambiente había dejado constancia de las observaciones recibidas durante el proceso de participación ciudadana.

Las organizaciones, sin embargo, advierten que el polígono del proyecto, incluido su canal de navegación, se traslapa con el área protegida, y recuerdan que una resolución de la Dirección de Áreas Protegidas de marzo de 2022 identificó al proyecto como parcialmente ubicado en ella.

También cuestionan la interpretación judicial sobre el Acuerdo de Escazú, al considerar que registrar las observaciones ciudadanas no debería sustituir la obligación de ponderarlas adecuadamente.

Las preguntas ambientales que siguen abiertas

El proyecto Puerto Barú contempla infraestructura portuaria y obras de dragado en el entorno de los Manglares de David, en el Golfo de Chiriquí. Estudios independientes han advertido sobre posibles impactos en la biodiversidad, los sedimentos, la captura de carbono y los ecosistemas marinos.

Según el pronunciamiento de las seis organizaciones, el fallo no resuelve suficientemente este aspecto. La controversia tampoco termina con esta sentencia: existe otra demanda contra la resolución que aprobó el EIA que continúa pendiente de decisión.

UNESCO también mantiene su atención sobre el proyecto

La discusión ambiental trasciende las fronteras de Panamá, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO mantiene una solicitud dirigida al Gobierno panameño para reevaluar los posibles impactos de Puerto Barú sobre el Valor Universal Excepcional del Parque Nacional Coiba.

Según las organizaciones, el informe correspondiente deberá presentarse el 1 de diciembre de 2026. Este proceso representa una instancia adicional para examinar los riesgos ambientales y aplicar el principio precautorio frente a posibles daños graves o irreversibles.

Los Derechos de la Naturaleza también se defienden en casa

Panamá reconoce desde 2022 los Derechos de la Naturaleza mediante la Ley 287 y recientemente anunció ante Naciones Unidas su intención de impulsar una Declaración Universal.  Los Manglares de David forman parte de un sistema de áreas protegidas que, según las seis organizaciones, alberga junto a zonas vecinas aproximadamente el 25% de los manglares de Panamá.

Su protección requiere decisiones basadas en evidencia científica, participación ciudadana efectiva y una evaluación rigurosa de los posibles impactos.

Respetar una sentencia no significa abandonar la defensa de la naturaleza

La decisión de la Corte resuelve una controversia jurídica específica. La responsabilidad de proteger los manglares, evaluar los riesgos y garantizar los Derechos de la Naturaleza continúa.

El fallo no pone fin a la defensa de los Manglares de David, porque la naturaleza tiene derechos y protegerlos sigue siendo nuestra responsabilidad.

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