Organizaciones de la sociedad civil denuncian ante los medios que el promotor del proyecto Puerto Barú, la empresa de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Services, inició un proceso civil para solicitar el secuestro preventivo de cuentas y activos de Adopta Bosque Panamá y Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).
Este caso expone el uso de acciones SLAPP, procesos legales diseñados para intimidar y silenciar. En Panamá, este tipo de medidas nunca antes se había utilizado contra organizaciones de la sociedad civil.
Este secuestro preventivo de cuentas, activos y bienes no responde a una condena ni a una sanción, pero tiene efectos inmediatos y graves. Paraliza la operación de nuestras organizaciones que mantienen procesos activos de conservación, investigación científica y defensa del derecho a un ambiente sano, y congela el trabajo de equipos que acompañan a comunidades y ecosistemas en riesgo.
Se trata de un hecho delicado que debe alertar a la ciudadanía sobre cómo se está utilizando el sistema legal para frenar la participación pública y la defensa del patrimonio natural del país.
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, expresó su preocupación por la decisión del promotor del proyecto Puerto Barú con las organizaciones ambientales en Panamá, una acción que, a su juicio, no contribuye al diálogo nacional sobre proyectos con impacto ambiental.
ES