Cuando los derechos no bastan
El mundo atraviesa una era de contradicciones. Los Estados que firman tratados climáticos y promulgan leyes de protección ambiental son, muchas veces, los mismos que permiten megaproyectos que destruyen los ecosistemas que juran defender. En Panamá, país pionero en reconocer los Derechos de la Naturaleza, esta paradoja se encarna en un nuevo síntoma: la desacreditación sistemática de las personas que defienden el ambiente.
Un patrón global, una realidad panameña
Según el informe Defenders of the Earth 2024 de Global Witness, América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para quienes defienden la tierra y el ambiente. En 2024, 82% de los asesinatos ocurrieron en el continente. Pero las agresiones no siempre son físicas: también se ejercen con palabras, difamación y campañas de desprestigio.
En Panamá, el ciclo es claro: comunidades y ONG alertan sobre los impactos de proyectos como Puerto Barú en Chiriquí; autoridades y empresas responden tachándolos de “anti-desarrollo” o “radicales”; y los discursos se amplifican en redes sociales, legitimando el silencio y la impunidad.
Cuando el discurso oficial niega la ciencia
El informe técnico de Lynker Puerto Barú Evaluación Independiente (6 de diciembre 2024) demuestra que el proyecto Puerto Barú contradice los compromisos climáticos y legales del país. Su construcción en el área protegida de los Manglares de David, es hogar de delfines, aves, monos, iguanas, peces, crustáceos y moluscos. Los datos muestran que importantes poblaciones de ballenas jorobadas y de Bryde, tiburones colicortos del Pacífico (Carcharhinus cerdale) en peligro crítico, habitan el Golfo de Chiriquí, incluyendo zonas cercanas al canal de navegación propuesto del proyecto Puerto Barú.
Aun así, la narrativa oficial insiste en que el proyecto “traerá desarrollo y empleo”, ocultando que el canal de acceso cruzará un ecosistema protegido, debilitando la resiliencia costera y poniendo en riesgo los compromisos climáticos de Panamá.
Cuando defender la verdad se convierte en delito
En lugar de atender la evidencia, las defensoras y defensores ambientales son objeto de burlas, hostigamiento y desinformación. Videos recientes muestran cómo se ridiculiza a activistas que exigen el cumplimiento de la ley, en una estrategia que busca erosionar la credibilidad de quienes defienden la vida. Detrás de cada rostro desacreditado hay abogadas, periodistas, científicas y comunidades que luchan por un derecho básico: vivir en un ambiente sano.
Romper el ciclo
La violencia empieza con la impunidad y termina en el silencio. Para romper ese ciclo, no bastan leyes: se necesitan instituciones que protejan a las personas defensoras y escuchen a la ciencia. Panamá tiene una oportunidad histórica. Su Ley de Derechos de la Naturaleza (2022) puede ser un escudo real contra la destrucción si se aplica con coherencia. Pero mientras quienes defienden los manglares sean ridiculizados y los proyectos extractivos avancen, la ley seguirá siendo solo papel.
Fuentes y referencias:
ES