Con la consigna “cuando atacan a uno, atacan a todos” organizaciones de la sociedad civil denuncian ante los medios que el promotor del proyecto Puerto Barú, la empresa de inversión estadounidense Ocean Pacific Financial Services, inició un proceso civil para solicitar el secuestro preventivo de cuentas y activos de Adopta Bosque Panamá y Centro de Incidencia Ambiental (CIAM).

Esta acción por parte de los promotores de Puerto Barú, es una medida preventiva, no de una sentencia ni de una sanción, que inmoviliza recursos para una eventual demanda futura bloqueando el funcionamiento básico de las organizaciones, afectando el pago de salarios, fondos laborales y los recursos necesarios para sostener la defensa legal gratuita que brindan a comunidades y ecosistemas en riesgo, además de poner en peligro la gestión de tierras protegidas destinadas a la conservación, la educación y la investigación científica.

Este es un momento crítico para la defensa del patrimonio natural de Panamá, es la primera vez que una medida de este tipo se utiliza contra organizaciones en el país, encendiendo una señal de alerta sobre la libertad de expresión y la participación ciudadana en asuntos de interés público.  

Cuando defender se vuelve una urgencia

La rueda de prensa de hoy surge en un momento clave, estas acciones legales recientes contra organizaciones ambientales han encendido alertas sobre el uso de mecanismos judiciales para desincentivar la participación ciudadana y el debate público informado.

Lejos de debilitar a la sociedad civil, estos hechos refuerzan una convicción compartida: la defensa del patrimonio natural es una responsabilidad colectiva sobre el trabajo de las organizaciones Lilian Guevara Directora CIAM comenta que “No es un bienestar particular, todo el trabajo que hacemos las organizaciones apuntan a la comunidad” además de ser una condición necesaria para un país que aspira a liderar en sostenibilidad y gobernanza ambiental. 

El mensaje es claro: el derecho a opinar, investigar y alertar sobre posibles impactos ambientales forma parte del derecho de todas las personas a participar en asuntos de interés público. Como afirma Joana Abrego Gerente Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)   ”Tenemos el derecho a defender, a defender el ambiente y a defender libertades democráticas. La libertad de denunciar cualquier abuso”

Progreso que cuida, desarrollo que escucha

Las organizaciones Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque Panamá forman parte de un movimiento de más de 60 organizaciones nacionales e internacionales, que han sido consistentes en su postura: no se oponen al desarrollo, sino que promueven un desarrollo bien ubicado, técnicamente sólido y ambientalmente responsable.

La defensa de los Manglares de David responde precisamente a esa visión de futuro. Los manglares no son un obstáculo para el progreso; son infraestructura natural, sostienen la pesca artesanal, el turismo de naturaleza, la biodiversidad y la resiliencia climática de las comunidades costeras.

Protegerlos es una decisión inteligente desde el punto de vista ambiental, social y económico. Como afirma  Chelina Batista Diirectora de ciencias en adopta bosque “Los manglares de David no solamente involucran los bosques, los manglares de David involucran todos los canales, todas las áreas marinas”

Defender es avanzar

Panamá se encuentra en un punto de inflexión. Defender sus manglares, respetar el rol de la sociedad civil y garantizar espacios de diálogo transparente no es mirar hacia atrás: es avanzar con responsabilidad.

La rueda de prensa de hoy no es solo una respuesta a un conflicto puntual. Es una afirmación de principios: Que la naturaleza tiene valor,  la participación ciudadana fortalece la democracia y que el progreso no se impone: se construye en conjunto.

Porque tenemos el derecho a defender, y porque defender la naturaleza es, en definitiva, defender el futuro de Panamá.