Organizaciones y personas de la sociedad civil firman una carta pública para frenar el uso del sistema judicial como herramienta de hostigamiento contra defensoras y defensores ambientales en Panamá. Alzan la voz porque dos organizaciones ambientales panameñas han sido demandadas penalmente ¿Su “falta”? cuestionar un proyecto portuario que pondría en riesgo los manglares de David, uno de los ecosistemas más importantes del país.

El caso de Puerto Barú marca un punto de inflexión. En lugar de responder a los cuestionamientos técnicos, legales y ambientales, ampliamente documentados, se recurre a querellas penales para silenciar la participación ciudadana. No se discute el fondo, se castiga la voz.

Y cuando cuestionar un proyecto se transforma en un riesgo personal, el problema deja de ser ambiental para convertirse en democrático.

Defender el ambiente es un derecho, no un crimen

Panamá es Estado Parte del Acuerdo de Escazú. Ese compromiso no es simbólico. Implica obligaciones concretas: proteger a quienes defienden el ambiente, garantizar su participación y prevenir cualquier forma de intimidación o violencia institucional. Por eso hoy decimos con claridad: defender el ambiente es un derecho, no un crimen.

Decir No a Puerto Barú hoy es mucho más que oponerse a un proyecto portuario. Es exigir coherencia institucional, respeto a los compromisos internacionales y garantías reales para la defensa del interés público.

Si el Gobierno desestima este proyecto, enviará al mundo una señal histórica:
en Panamá, los defensores no se silencian y la naturaleza se respeta.

Hoy más que nunca: visibilizar protege a las personas defensoras.