Más de 60 organizaciones científicas, sociales y ambientales denunciaron públicamente el avance de una estrategia de intimidación legal y mediática destinada a frenar y castigar a quienes defienden el ambiente en el país.
Las organizaciones firmantes exigieron al Ministerio Público y al Órgano Judicial desestimar las querellas presentadas por la empresa Ocean Pacific Financial, promotora del proyecto portuario Puerto Barú en David, contra las organizaciones Adopta Bosque Panamá y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). Ambas querellas ya fueron admitidas por el Ministerio Público, lo que encendió las alarmas de la sociedad civil.
En su declaración conjunta, las organizaciones recordaron que Panamá es firmante del Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro para quienes defienden derechos humanos y ambientales.
Sin embargo, señalaron que acciones como estas, que buscan castigar la opinión pública, desacreditar a organizaciones ambientales y desgastar su capacidad de incidencia, constituyen litigios abusivos SLAPPs: demandas estratégicas contra la participación pública, ampliamente reconocidas internacionalmente por su uso como herramientas de censura, intimidación y desgaste emocional, legal y económico.
«En Panamá la Evaluación de Impacto Ambiental se ha convertido en una ceremonia repetida, un requisito administrativo que en apariencia protege la naturaleza, pero que en la práctica termina avalando la degradación de los ecosistemas. El país lleva más de dos décadas aplicando la Ley General de Ambiente, pero sus resultados no son los mejores. Su espíritu se ha diluido entre intereses políticos, económicos, consultorías y autoridades complacientes. Los EIA nacieron para garantizar que el desarrollo no destruyera los recursos naturales y la calidad de vida de la gente, pero hoy apenas sirven para justificar decisiones ya tomadas»
«Las declaraciones surgen luego de que se interpusieran dos querellas contra el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y entidades que han promovido la protección de áreas naturales en la provincia de Chiriquí, especialmente ante el impacto que tendría el proyecto de Puerto Barú. Ambas organizaciones sostienen que su trabajo busca generar conciencia y proponer alternativas sostenibles, no impedir el desarrollo.»
ES