Aterrorizar, agotar y silenciar a quienes defienden el ambiente

Así operan las demandas SLAPP, juicios estratégicos contra la participación pública, que crecen en todo el mundo como una herramienta de intimidación legal. Detrás de discursos de “progreso” o “desarrollo sostenible”, las corporaciones utilizan el sistema judicial para callar la crítica y desgastar a las comunidades.

En Panamá, el conflicto por Puerto Barú lo evidencia. En agosto de 2025, las organizaciones Adopta Bosque y CIAM Panamá fueron notificadas en redes sociales de que enfrentaban denuncias por “calumnias” y “delitos contra la economía nacional”. ¿Su “falta”? Cuestionar un proyecto portuario que amenaza los manglares del Golfo de Chiriquí, uno de los ecosistemas más importantes para la biodiversidad marina y la protección costera del país.

Cuando defender la vida se convierte en riesgo legal

Estas demandas no buscan justicia, sino intimidar, agotar y silenciar. Son una forma de censura que erosiona la democracia y debilita el derecho ciudadano a participar en decisiones ambientales. Al atacar a quienes protegen los ecosistemas, se protege la impunidad de quienes los destruyen.

La criminalización de la defensa ambiental se traduce en estrés emocional, desgaste económico y daño reputacional para las organizaciones y líderes comunitarios. Pero también pone en juego la credibilidad internacional de Panamá, un país que ha reconocido legalmente los Derechos de la Naturaleza, pero que permite que se acuse a quienes los defienden.

Pongamos un alto a la criminalización ambiental

Defender la naturaleza no debería ser un riesgo. Exigir transparencia y justicia es parte esencial de una democracia viva.

👉 Firma la petición y comparte esta campaña.
Porque defender la vida es un derecho, no un delito.

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