En una concurrida rueda de prensa realizada en Ciudad de Panamá, más de 60 organizaciones científicas, sociales y ambientales denunciaron públicamente el avance de una estrategia de intimidación legal y mediática destinada a frenar y castigar a quienes defienden el ambiente en el país.

Las organizaciones firmantes exigieron al Ministerio Público y al Órgano Judicial desestimar las querellas presentadas por la empresa Ocean Pacific Financial, promotora del proyecto portuario Puerto Barú en David, contra las organizaciones Adopta Bosque Panamá y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). Ambas querellas ya fueron admitidas por el Ministerio Público, lo que encendió las alarmas de la sociedad civil.

Defender el ambiente no puede convertirse en un riesgo legal

En su declaración conjunta, las organizaciones recordaron que Panamá es firmante del Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro para quienes defienden derechos humanos y ambientales.

Sin embargo, señalaron que acciones como estas, que buscan castigar la opinión pública, desacreditar a organizaciones ambientales y desgastar su capacidad de incidencia, constituyen litigios abusivos SLAPPs: demandas estratégicas contra la participación pública, ampliamente reconocidas internacionalmente por su uso como herramientas de censura, intimidación y desgaste emocional, legal y económico.

Un patrón de intimidación que se expande

Las organizaciones explicaron que estas demandas no ocurren de forma aislada. Las querellas penales contra Adopta Bosque y CIAM se suman a una ola de ataques coordinados en redes sociales, incluidas campañas de desprestigio basadas en información falsa o manipulada, diseñadas para debilitar la credibilidad de quienes alzan la voz ante los impactos del proyecto Puerto Barú.

“En estos casos, se recurre al uso del sistema judicial para intimidar y desgastar a las organizaciones que cuestionan proyectos con impactos ambientales graves”, señaló una de las voceras durante la conferencia.

Puerto Barú y los riesgos sobre manglares protegidos

Durante la conferencia, las organizaciones recordaron que desde hace más de un año han advertido al país sobre los riesgos del proyecto Puerto Barú para los manglares de David, un ecosistema que forma parte de un territorio que concentra el 25% de los humedales del país.

Los manglares de David son reconocidos por su rol en: protección costera, regulación climática, pesca artesanal, biodiversidad marina y los modos de vida de las comunidades locales.
Los promotores del proyecto insisten en su viabilidad, pero los estudios independientes, incluyendo análisis ambientales como el informe de Lynker, han señalado múltiples inconsistencias, impactos severos y alternativas más sostenibles en la región.

SLAPPs: una amenaza al Estado de derecho y a un ambiente sano

Las organizaciones advirtieron que el uso del derecho penal o mediático como mecanismo de intimidación constituye una amenaza directa al Estado de derecho y vulnera el derecho humano a un ambiente sano, reconocido tanto por la Constitución panameña como por acuerdos internacionales.

Estas tácticas, explicaron, buscan coartar la participación pública, silenciar la crítica legítima y desalentar el involucramiento ciudadano en decisiones que afectan bienes naturales colectivos.

Llamado urgente a las autoridades

La coalición exigió que las querellas sean desestimadas y que el Estado panameño cumpla plenamente su obligación de proteger a quienes defienden la naturaleza, especialmente en un contexto donde la región enfrenta un incremento de ataques, amenazas y criminalización contra defensores ambientales.

También reiteraron que el país necesita más transparencia, más participación y más ciencia en lugar de presiones legales que intentan acallar la discusión pública.