En los últimos días, organizaciones ambientales de América Latina han expresado públicamente su preocupación por las acciones legales emprendidas contra el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque Panamá, en el contexto de su labor de defensa ambiental vinculada al proyecto Puerto Barú. Las organizaciones CIAM y Adopta Bosque enfrentan demandas, embargo (secuestro judicial) de cuentas bancarias y retención de bienes tras cuestionar legalmente el proyecto Puerto Barú en David, Chiriquí.

La noticia fue recogida por el diario El Siglo, donde se informa que la Red Regional Escazú Ahora denunció los embargos contra estas organizaciones, recordando que la defensa del ambiente y la participación ciudadana están protegidas por instrumentos internacionales y por la Constitución panameña.

Un respaldo regional
La Red Regional Escazú Ahora y la red Climate Action Network Latin America (CANLA), nodo latinoamericano de Climate Action Network, manifestaron su preocupación por las medidas cautelares impuestas. La Red recordó que Panamá asumió compromisos internacionales claros para: garantizar el acceso a la información, proteger la participación ciudadana y defender a las personas defensoras del ambiente.

Una alerta regional donde se exhorta al Órgano Judicial, al Ministerio Público y a las autoridades competentes a evaluar la legalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas.

Este caso no se limita a dos organizaciones, marca un precedente sobre cómo se trata a quienes ejercen el derecho a cuestionar proyectos que pueden generar impactos ambientales irreversibles.

Un precedente que importa
La defensa ambiental, la denuncia de posibles impactos y la participación ciudadana en asuntos de interés público no son actos ilegítimos. Son pilares esenciales de un Estado democrático.

Así lo recordó la Red Escazú Ahora: estas garantías están protegidas por la Constitución de Panamá y por acuerdos internacionales suscritos por el país.

Las medidas de embargo y presión judicial contra organizaciones de la sociedad civil no solo afectan su funcionamiento operativo, envían una señal preocupante sobre el espacio cívico y la libertad de participación.

Tenemos el derecho a defender
Defender el territorio no es una confrontación, es una responsabilidad. Es ejercer el derecho a participar, a informar y a exigir transparencia en decisiones que afectan bienes comunes.

En un país que ha ratificado el Acuerdo de Escazú y que ha asumido compromisos internacionales en materia ambiental y climática, el estándar debe ser claro: La defensa del ambiente debe protegerse, no castigarse.