El conflicto en torno al proyecto portuario Puerto Barú, en la provincia de Chiriquí, ha dado un nuevo giro. La presión legal contra organizaciones ambientales que se oponen al proyecto ya no es solo una discusión local, hoy la situación ha comenzado a llamar la atención de la prensa internacional.

Un reciente reportaje de Mongabay, uno de los medios especializados en periodismo ambiental más importantes del mundo, expone cómo organizaciones panameñas están enfrentando demandas, secuestro de cuentas bancarias y de propiedades mientras defienden los manglares de David y el ecosistema del Golfo de Chiriquí.

Más que un conflicto ambiental, el caso comienza a revelar una pregunta más profunda: ¿Qué ocurre cuando defender la naturaleza se convierte en un riesgo legal?

Demandas que buscan dejar inoperantes a las organizaciones

Las organizaciones ambientales Adopta Bosque y CIAM (Centro de Incidencia Ambiental) han sido objeto de acciones legales vinculadas al conflicto por el proyecto portuario. Estas medidas incluyen procesos judiciales que han derivado en el secuestro de cuentas bancarias y de bienes.

Para organizaciones que trabajan principalmente con proyectos de conservación, educación ambiental y gestión de reservas naturales, estas medidas pueden afectar directamente su capacidad de operar.

Guido Berguido, director de Adopta Bosque, explicó al medio internacional Mongabay:

“Nos cuesta operar porque pronto no podremos pagar a los empleados. Están usando la ley para dejarnos inoperantes”.

La preocupación no es solo económica, también plantea un escenario en el que la presión judicial puede convertirse en una forma de silenciar la defensa ambiental.

Secuestro de reservas naturales privadas

Entre las medidas adoptadas, cuatro propiedades de Adopta Bosque fueron secustradas como parte del proceso judicial. Estas propiedades corresponden a reservas naturales privadas ubicadas en las provincias de Chiriquí y Darién, áreas dedicadas a la conservación de la biodiversidad.

Las reservas privadas cumplen un rol importante en Panamá y en toda América Latina, muchas de ellas protegen ecosistemas clave, corredores biológicos y hábitats para especies amenazadas.

La confiscación de este tipo de espacios genera preocupación entre organizaciones ambientales y expertos en conservación, ya que puede afectar directamente áreas que han sido protegidas por iniciativas de la sociedad civil durante años.

Congelamiento de cuentas y dificultades para continuar proyectos

El impacto de las medidas legales también ha alcanzado al Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una organización que ha trabajado durante años en litigio estratégico ambiental y defensa de derechos ambientales en Panamá. Según informó el medio, CIAM ha tenido sus cuentas bancarias congeladas, lo que dificulta el funcionamiento cotidiano de la organización.

Esto afecta la ejecución de proyectos, el financiamiento de iniciativas de conservación y el trabajo técnico y legal que realizan. Para Joana Abrego, gerente legal de CIAM, la situación es preocupante por el precedente que podría generar.

“Es un precedente muy preocupante que se esté utilizando el sistema judicial de esta manera contra acciones de defensa del medio ambiente”

Silenciar voces en nombre del progreso es un atentado a la democracia

El conflicto por Puerto Barú comenzó como un debate sobre el impacto ambiental de un proyecto portuario cuya construcción podría afectar los Manglares de David que corresponden al 25% de los manglares de Panamá, uno de los ecosistemas costeros más importantes del país.

Las organizaciones ambientales han presentado cuestionamientos técnicos y legales al proyecto, incluyendo observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y acciones ante la Corte Suprema. Este tipo de acciones forman parte de los mecanismos legales disponibles en una democracia para participar en decisiones que afectan el territorio y los ecosistemas.

Sin embargo, cuando estas acciones derivan en medidas que afectan la operación de organizaciones ambientales, la discusión adquiere otra dimensión.

La defensa ambiental como derecho

En muchos países, la defensa del ambiente se ha convertido en una tarea cada vez más compleja. Organizaciones, científicos y comunidades que participan en debates ambientales a menudo enfrentan presiones políticas, económicas o legales.

Por eso, casos como el de Puerto Barú han comenzado a atraer la atención de la comunidad internacional. No se trata solo de un proyecto portuario, se trata de garantizar que la participación ciudadana y la defensa ambiental puedan ejercerse sin temor a represalias.

Hoy, el caso Puerto Barú nos recuerda algo fundamental:
Defender el ambiente no debería ser un acto de riesgo
Es un derecho y ese derecho debe poder ejercerse sin intimidación
TENEMOS DERECHO A DEFENDER