Desde la Red Gran Caribe Libre de Fósiles expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos los intentos de silenciamiento que enfrentan las organizaciones panameñas Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), integrante de nuestra red, y Adopta Bosque, a través de demandas judiciales y medidas cautelares que incluyen el embargo temporal de cuentas y bienes.

Estas acciones surgen en el contexto de la oposición ciudadana al proyecto Puerto Barú, en David, Chiriquí, que contempla actividades asociadas al trasiego de combustibles fósiles y que ha sido promovido como parte de una ruta logística hacia el Caribe. El proyecto se ubica en una zona de altísimo valor ecológico que alberga el 25% de los manglares de Panamá, ecosistemas marino-costeros fundamentales para la biodiversidad, la pesca artesanal y la protección frente a eventos climáticos extremos. Esta área fue reconocida como área protegida por el Estado panameño desde 2007 y constituye un espacio clave para la conservación de múltiples especies.

La defensa de los manglares de David y de su función como barrera natural, refugio de vida silvestre y sustento comunitario ha motivado la actuación de las organizaciones hoy afectadas. Las represalias judiciales y financieras se producen precisamente en el marco de ese ejercicio legítimo de protección ambiental.

El uso de medidas cautelares económicas contra organizaciones ambientales genera un efecto intimidatorio que amenaza su funcionamiento, afecta a sus equipos de trabajo y pone en riesgo proyectos de conservación, educación e investigación fundamentales para las comunidades y los ecosistemas del país.

Como red regional que impulsa una transición energética justa y el abandono progresivo de los combustibles fósiles en el Gran Caribe, recordamos que la participación ciudadana, el acceso a la justicia y la defensa del ambiente son pilares democráticos y derechos protegidos por la Constitución panameña y por el Acuerdo de Escazú, ratificado por Panamá.

Exhortamos al Estado panameño a garantizar que el sistema judicial no sea instrumentalizado para hostigar a organizaciones que ejercen legítimamente su derecho a la defensa ambiental. Las medidas adoptadas deben evaluarse bajo criterios estrictos de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

Nos solidarizamos con CIAM y Adopta Bosque. Es una responsabilidad colectiva sostener y proteger a quienes defienden el ambiente. En tiempos de crisis climática, cuando los ecosistemas costeros y las comunidades enfrentan presiones crecientes, la labor de las organizaciones ambientales resulta más urgente que nunca.