Estamos orgullosos de Panamá y su liderazgo internacional que ha tomado la protección de la naturaleza a nivel mundial. Pero mientras impulsa su reconocimiento ante Naciones Unidas, en su propio territorio los Manglares de David enfrentan la amenaza de un proyecto portuario llamado Puerto Barú.

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente José Raúl Mulino anunció que Panamá impulsará una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, invitando a otros países a sumarse a esta iniciativa internacional.

“Somos un país que protege el 33% de nuestro territorio y el 54% de nuestros mares. Hoy anuncio que Panamá liderará a nivel internacional un esfuerzo para reconocer los derechos universales de la naturaleza” Declaró José Raúl Mulino en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Un anuncio que posiciona a Panamá en el centro de un movimiento global que busca reconocer a los ecosistemas como sujetos de derechos y no únicamente como recursos disponibles para el ser humano. El cuestionamiento no va por el rol de Panamá tiene que ver cómo lo que propone mundialmente se ve reflejado en las decisiones ambientales del propio país.

De Panamá al mundo los Derechos de la Naturaleza

En 2022, Panamá aprobó la Ley 287, que reconoce el derecho de la naturaleza a existir, persistir, regenerarse y mantener sus ciclos vitales. Cuatro años después, el país busca llevar ese reconocimiento a la ONU, impulsando una Declaración Universal hacia 2030 y promoviendo la creación de una Coalición de Estados por la Naturaleza.

Este avance es también resultado de décadas de trabajo de pueblos indígenas, organizaciones ambientales y movimientos ciudadanos que han defendido una nueva relación entre las personas y el planeta. Sin embargo, reconocer derechos es solo el comienzo, ell verdadero desafío está en garantizar su cumplimiento.

Puerto Barú la contradicción que enfrenta Panamá

Mientras Panamá promueve los Derechos de la Naturaleza ante el mundo, en el Golfo de Chiriquí continúa la controversia por el proyecto Puerto Barú, que contempla infraestructura portuaria y dragado en el entorno de los Manglares de David.

Estudios independientes han advertido sobre sus posibles impactos en la biodiversidad, la captura de carbono, la protección costera y los ecosistemas marinos. Organizaciones ambientales han acudido a la Corte Suprema de Justicia para cuestionar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

Entonces si la naturaleza tiene derecho a mantener sus ciclos vitales cómo se garantizan esos derechos frente a proyectos que podrían alterarlos. La controversia de Puerto Barú pone a prueba la aplicación práctica de los principios que Panamá busca promover internacionalmente.

El liderazgo ambiental también se demuestra en casa

El impulso de una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza representa una oportunidad para Panamá y para el mundo. Pero los compromisos internacionales necesitan traducirse en decisiones concretas, respaldadas por evidencia científica, participación ciudadana y protección efectiva de los ecosistemas.

Los Manglares de David son parte de ese desafío porque defender los Derechos de la Naturaleza no consiste únicamente en reconocerlos ante las Naciones Unidas. También implica garantizar que se respeten en los territorios donde la naturaleza necesita protección.

Los derechos no terminan cuando se proclaman. Comienzan cuando se hacen efectivos, Panamá quiere que el mundo reconozca los Derechos de la Naturaleza, el gran desafío es demostrar cómo se protegen dentro de sus propias fronteras.

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